Francisco Estepa

José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que está dirigiendo la recuperación de nuestra economía, anunció el fin de semana el nuevo proyecto de Ley en el que se trabaja desde hace varios meses y que será el punto de partida de la transformación de la economía española con reformas destinadas a cambiar un modelo de crecimiento obsoleto y defectuoso, por un modelo sostenible y más justo. Una reforma que requiere una implicación de toda la sociedad, pensando en las próximas generaciones y no sólo en las próximas elecciones.

Por su parte Rajoy, que se refugia en Sevilla de los escándalos de Madrid o Valencia y escoltado por Javier Arenas, se ha visto forzado por los hechos, a improvisar una serie de propuestas para dar la imagen de que quiere poner freno a la corrupción que salpica a su partido y a las prácticas llevadas a cabo por administraciones gobernadas por su partido, como el fraccionamiento de contratos con la trama Gürtel.

Cuando estamos siendo testigos de cambios en nuestro planeta que afectarán al futuro de la humanidad y nos enfrentamos a retos de una enorme dimensión planetaria, como el cambio climático y todo lo que ello supondrá, vemos como algunos no son capaces de estar a la altura de las circunstancias y violan las más elementales reglas y principios de limpieza y rigor político, para hacer oposición.

La derecha que celebra misas con la bandera preconstitucional y cantando el cara al sol, los hipócritas que dicen las cosas según les convenga y aceptan la doble moral, los que mantienen a los corruptos en sus puestos, los cobardes que jalean a la ciudadanía y estimulan la visceralidad de sus seguidores para incitar al odio y al conflicto social buscando la rentabilidad electoral, son contra los que la sociedad en general debemos hacer frente en defensa del estado de derecho, en defensa de quienes han perdido su empleo por la crisis de los especuladores, en defensa de la mayoría frente a una minoría que sólo piensa en sus privilegios. Debemos impedir que el PP nos venda un viejo coche usado y averiado, mediante sus mentiras y falta de transparencia.

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La asociación que ha demandado al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, es un lobby conservador muy crítico con Zapatero y conocido por sus demandas contra el aborto, el diálogo con ETA o contra artistas críticos con el catolicismo.

Otra querella anterior contra la clínica Isadora, fue archivada por los tribunales "por carecer de todo fundamento" y haber tenido la parte acusadora "una intención oblicua y torticera", instrumentalizada "al servicio de fines espurios con perfiles publicitarios intimidatorios".

Si el viernes la noticia de la admisión a trámite por un Juzgado de Madrid de una querella del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro contra López Garrido corrió como la pólvora, al día siguiente y como si todo estuviese bien preparado, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que pedirán la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que de explicaciones.

La precipitación de la portavoz del PP en el Congreso, pone de manifiesto la estrategia de su partido para ensuciar la imagen exterior de España a mes y medio de la Presidencia de la UE, demostrando la bajeza e irresponsabilidad habituales de su partido hacia los intereses de España y esperando que esta semana no se hable del caso Gürtel o de la crisis interna en el PP.

Desde mi punto de vista, con el lema "Cristianizando el Derecho, cristianizando la sociedad", el Centro Jurídico Tomás Moro se sitúa en una postura claramente radical y de adoctrinamiento religioso, movido por intereses representativos la jerarquía católica y que no representan a la mayoría de la sociedad española ni el espíritu de nuestra Constitución.

Una acción más de la derecha, que está haciendo un gran esfuerzo para forzar la vuelta a tiempos pasados y la eliminación de derechos y libertades consolidados. Algo que nos tiene que mantener en guardia y activos para evitar que estos radicales engañen a la ciudadanía y se aprovechen de los descontentos por consecuencia de la crisis, para llegar al poder con mentiras y manipulación.

Como socialistas comprometidos con la democracia, con la verdad y con las personas, debemos mantenernos firmes y defender los valores y principios en los que creemos.

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El que fuese ministro de economía con Aznar, candidato a sucederle y director general del FMI, Rodrigó Rato, ha reconocido que “la crisis económica ha removido algunos principios fundamentales que se mantenían desde los años setenta”, insinuando ahora que la crisis no era previsible y apuntando que “está en cuestión incluso el papel y la eficacia del mercado” [ver artículo].

Los retos que se plantean tras la crisis financiera mundial, requieren que todos y todas nos armemos de ilusión, optimismo, solidaridad y ganas de trabajar por un objetivo común, generando actividad económica para permitir la creación de puestos de trabajo y, por ende, el bienestar ciudadano, en lugar de insistir en que todo lo que se hace está mal y sólo servirá para empeorar la situación, como hace el PP para dificultar la salida a la mala situación económica y laboral, pensando en la rentabilidad electoral y sin aportar medidas positivas concretas.

El modelo económico que tenemos se fundamenta en el consumo y para que las empresas produzcan hace falta financiación y consumidores con liquidez o crédito, algo que actualmente no facilitan las entidades financieras, que tienen en sus manos la decisión de acelerar la recuperación o de mantener a millones de familias sufriendo.

La actuación del Partido Socialista está demostrando una vez más, que tiene la sensibilidad de estar con la gente más débil y que más lo necesita, porque estamos convencidos de que la crisis no la pueden pagar los más débiles y las políticas sociales no se pueden reducir cuando son más necesarias. La diferencia entre un gobierno socialista y uno del PP es, precisamente, la política social que acomete.

Los socialistas sabemos que hay que dejar atrás la crisis económica de manera reforzada, apostando por la puesta en marcha de programas y acciones parar ir formando cada vez más a las personas o activando fondos como los que administran el Gobierno central y la Junta de Andalucía para generar actividad económica mientras se reactive el consumo privado.

Como ha indicado recientemente Manuel Chaves y comparto con él, si preguntamos a cualquier persona, no sabrá ni una iniciativa del PP para afrontar el desempleo, puesto que sólo dicen generalidades o lanzan cortinas de humo para ocultar su verdadero ideario político. Hay que recordar, que en Madrid o en Valencia, donde gobierna el PP, el paro crece más que en Andalucía y eso no le interesa decirlo al señor Arenas.

Los socialistas aportamos trabajo, ilusión, unidad, iniciativa, cercanía y capacidad para dar soluciones a los ciudadanos y ciudadanas, frente al PP que según la última encuesta de Metroscopia, transmite falta de unidad al 71% y para el 63% Mariano Rajoy no es quien manda en su partido, aunque quiera ser Presidente del Gobierno de España.

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La corrupción en política tiene dos enfoques muy diferentes. Por una parte estaría la corrupción de quienes se aprovechan de su paso por la política para hacer negocios y buscan el beneficio personal. Estos serían principalmente los casos de corrupción que salpican la geografía española y que están relacionados con la especulación urbanística en algunas corporaciones locales.

Por otra parte, está la corrupción organizada, que además de buscar el enriquecimiento personal de unos pocos, es utilizada para aportar financiación a la formación política con el objetivo de sacar ventaja frente al resto de formaciones y llegar al poder a cualquier precio. El caso Gürtel que investiga la Justicia y que afecta a varias comunidades autónomas, podría ser un grave ejemplo de este tipo de prácticas de financiación, que ha forzado este año a dimitir temporalmente al tesorero nacional del Partido Popular tras ser imputado por el Tribunal Supremo, o a la destitución del Secretario General de los populares en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, pese a que reconoció que siempre había “seguido las directrices del PP” y al que según el sumario, Francisco Correa llegó a decirle "tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país".

En cualquiera de los supuestos, la tolerancia ha de ser cero y los mecanismos para su detección y erradicación han de ser extremadamente eficaces y tajantes. La corrupción y el crimen organizado son las principales amenazas que acechan al estado de derecho y a la democracia, por lo que políticamente hacen falta personas valientes y con decisión que sepan atajar y depurar cualquier responsabilidad, caiga quien caiga, en lugar de dubitativos y temerosos pseudo-líderes que demoren en el tiempo las acciones necesarias por temor a perder el respaldo de los afectados.

Ahora se están estudiando, por parte del PSOE y del PP, cambios legislativos para dificultar la acción de los corruptos. Cambios que afectan a ambos enfoques de corrupción, la personal y la institucional, como la norma anunciada por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrias, que el próximo año el Gobierno impulsará para regular los derechos y obligaciones de los concejales.

Diario El País -PSOE y PP preparan una contraofensiva legislativa ante la oleada de escándalos -

Aunque pedir –como hace el PP- que se reforme de la ley electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, es imponer el bipartidismo, limitar la pluralidad política y poco efecto puede tener en la lucha contra la corrupción –tal vez todo lo contrario-.

En España hay 8.111 ayuntamientos y unos 65.000 concejales, de los cuales la inmensa mayoría son personas honradas que trabajan para sus municipios y que han de soportar la imagen negativa que unos cuantos chorizos proyectan sobre este colectivo

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