Francisco Estepa

El Partido Popular en la ciudad de Jaén está únicamente interesado en obstaculizar todos los proyectos que el PSOE está acometiendo, poniendo palos en las ruedas y celebrando todas las malas noticias que afectan a nuestra ciudad, y lo hace con el único objetivo de evitar que las fuerzas políticas progresistas que actualmente gobiernan en Jaén, puedan demostrar que tras 12 años de gobierno conservador que paralizó la ciudad y nos llevó a la ruina económica, se pueden hacer grandes infraestructuras, mejorar los servicios públicos y transformar Jaén en una capital de primer nivel.

La derecha que pide en los plenos a la Alcaldesa que “se deje de la legalidades” cuando les interesa, es la que anhela cualquier freno legal para paralizar las obras del tranvía, es la misma que intenta crispar a la ciudadanía con mentiras y vergonzosas maniobras que desacreditan a quienes las promueven, a quienes intentan convertir los Plenos en funciones de circo y después se largan, dejando sin representación institucional a una parte importante de la ciudadanía.

Frente a trabajo incesante de Carmen Peñalver y su equipo, el Partido Popular únicamente sabe promover la agitación social utilizando cualquier excusa, aunque muchos de sus propios militantes reconocen el extraordinario trabajo que se está realizando y la falta de alternativas de los actuales cabecillas del PP en la ciudad de Jaén, algo que les pone muy nerviosos.

Es increíble que en una ciudad donde las actuaciones municipales están siendo innumerables y de gran calado, en infraestructuras, transportes, educación, servicios sociales, deportes, cultura, etc., el Partido Popular se empecine en intentar que la ciudadanía no perciba las mejoras y prefiera que todo continúe igual de mal que cuando ellos gobernaban.

Pronto se conocerá la auditoría de las cuentas municipales que dejaron los del PP cuando fueron expulsados del gobierno por una mayoría de ciudadanía progresista y entonces veremos que nuevas mentiras y excusas inventan para justificar el despilfarro y la mala gestión que hicieron.

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María Dolores de Cospedal, que fue consejera de Transportes e Infraestructura del Gobierno Aguirre, que fue subsecretaria del Ministerio del Interior con Ángel Acebes y que ahora es secretaria general del PP, sostiene que José Luís Rodríguez Zapatero ha ordenado “espiar a miembros del PP”. ¿Dónde está la menor prueba de semejante calumnia? ¿Qué es lo espera conseguir con esta nueva mentira?

El único espionaje ilegal, conocido y judicializado hasta el momento, es el que implica al Gobierno de Madrid, que preside Esperanza Aguirre.

Los actuales dirigentes del PP, son quienes mintieron sobre la existencia de armas de destrucción masiva para justificar que España participase en una guerra ilegal, son los mismos que mintieron a los españolas tras los atentados de Madrid el 11 de marzo, los mismos que sostuvieron la teoría de la conspiración y que la Justicia demostró falsa. Ahora, que piensan que dentro de unos meses, los Tribunales van a demostrar muchas ilegalidades cometidas por algunos miembros de la cúpula del PP, parece que se esfuerzan por conseguir que todas las instituciones del Estado estén en cuestión.

La connivencia -tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven- de Rajoy con los dirigentes de su partido por los delitos que la justicia esta investigando, le convierten en un indigno candidato para dirigir el destino de España y en un lastre para la regeneración política de la derecha española.

El avance democrático en nuestro país necesita que quienes representen a una importante parte de la población, que legítimamente son de derechas, respeten las leyes y trabajen por el bien común y el progreso, en lugar de dedicarse a difamar a quienes cumplen con su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes.

¿Por qué se empeñan los dirigentes del PP en perturbar la paz social y no siguen el sendero de la verdad?

Mientras los socialistas nos esforzamos para salir de la crisis financiera internacional, trabajamos para que el desempleo tenga el menor impacto posible en la sociedad, para que España alcance nuevamente una posición relevante en el escenario internacional y continuamos luchando contra ETA, los dirigentes de la derecha espían, mienten y difaman para que las corruptelas que salpican su columna vertebral no les resten poder.

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¿Por qué ahora el coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, declara que la justicia “no debe aplicar procedimientos que perjudiquen a las personas que tienen una responsabilidad pública”? ¿Está pidiendo la inmunidad total para sus compañeros con responsabilidad pública o tal vez está preparando la defensa para él mismo? ¿Está pidiendo que la policía, los fiscales y los jueces hagan dejación de sus funciones para perseguir a quienes delincan?

Según Montoro "Lo que no podemos olvidar es que lo que se hace a personas que tienen unas responsabilidades públicas cuando se les somete a determinados procedimientos es perjudicar su honor" y que este tipo de actuaciones "afecta al entorno y honor personal de los implicados y que puede perjudicar su presente y su futuro".

De forma intencionada, el señor Montoro intenta confundir las actuaciones legítimas que realizan quienes tienen la responsabilidad institucional de velar por el cumplimiento de la Ley, con las confabulaciones que de forma calumniosa se realizan desde la derecha para mancillar el honor de sus oponentes políticos.

Oculta la maquinación de su partido, con su compañero el señor Arenas como cabecilla, que lleva varios años arrojando acusaciones sin fundamento contra el expresidente de la Junta de Andalucía y contra su familia, y que la justicia no ha encontrado el menor indicio de irregularidad.

Si el señor Montoro tuviese dignidad política y rigor con sus propias palabras, exigiría a su amigo Javier Arenas que presentase su dimisión y se disculpase ante la ciudadanía por su conducta miserable.

Los ideólogos de la derecha están provocando la escenificación de la estrategia de victimismo, para que sus seguidores se crispen y la ofuscación les impida comprender la dramática realidad que sacude al Partido Popular y a sus dirigentes.

Según Elena Valenciano (PSOE), el Partido Popular "opta por ensuciar la vida política y acusar a los demás difundiendo calumnias, en lugar de dar explicaciones sobre las vinculaciones de algunos de sus dirigentes con los cabecillas de la trama corrupta que le pagaba los trajes al presidente valenciano, Francisco Camps".

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Si no fuese lamentable, se podría calificar de cómico que una líder del PP exija a la Fiscalía General del Estado que investigue al expresidente Manuel Chaves por algo que el Tribunal Supremo ha rechazado, mientra que ella misma se escandaliza y denuncia que el Gobierno de España anuncie que la Fiscalía General del Estado recurrirá al Tribunal Supremo el auto del TSJV para que se investigue la relación de Francisco Camps con la trama Gürtel, después de demostrarse que Camps mintió.

Si la señora Cospedal tiene esta doble ética desde la oposición, me asusta pensar que es lo que sería capaz de hacer si estuviese en el gobierno y espero que pronto abandone la política.

Tal vez sea coincidencia, pero esto ocurre la misma semana que otros detenidos del Partido Popular han declarado ante el juez de instrucción número 3 de Palma, sospechosos de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas con funcionarios, por el proyecto “Palma Arena” impulsado por el popular Jaume Matas y que –según El Mundo- incrementó el coste de 48 a 110 millones de euros sin que mediara contrato alguno (62 millones de euros). La cúpula del Partido Popular ha vuelto a demostrar que no tienen escrúpulos en utilizar cualquier cosa para tapar la corrupción que salpica a su partido.

Pienso que se hace un gran daño a nuestra joven Democracia, cuando desde la derecha se lanzan graves acusaciones sin pruebas contra las personas, el Gobierno o contra las Instituciones del Estado, puesto que lo que se busca es crispar a la sociedad y crear un clima de desconfianza y rechazo hacia la política. Al Partido Popular le beneficia electoralmente la crispación y la división social.

Tal como me dice un compañero, necesitamos que la gente hable con ilusión de todo lo que el Partido Socialista está haciendo para mejorar nuestras ciudades, de los proyectos que están en marcha para construir VPO, para modernizar el tejido empresarial y productivo, para arreglar colegios, para mejorar la movilidad, para ayudar a quienes menos tienen, en definitiva, del trabajo que los socialistas estamos realizando día tras día con esfuerzo y tenacidad.

Para mentir, conspirar y crear crispación ya está el Partido Popular.

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Es asombroso que un dirigente político que ha sido Ministro, que forma parte de la cúpula del principal partido que representa a la derecha en España y que aspira a volver a gobernar, diga sin ningún rubor que “el acusado debe demostrar su inocencia” en lugar de que “el acusador debe demostrar la culpabilidad”.

Esa era la forma en que las cuadrillas de la Falange juzgaban y sentenciaban a quienes ellos consideraban culpables por defender la Democracia en la República.

Al PP no se le está pidiendo que demuestre su inocencia en los casos de corrupción, ya que son los fiscales y los jueces quienes basándose en las pruebas intentan demostrar la culpabilidad de los implicados, respetando el principio de inocencia para todos ellos. Esa es la grandeza de nuestro estado de derecho.

Tal vez, la falta de iniciativas contra la crisis del responsable de economía del PP, han llevado al señor Montoro -como a pasado otras veces en la derecha- a lanzar una cortina de humo y exigir al Gobierno que demuestra su inocencia frente a las perversas acusaciones del PP, sin presentar ante la Justicia pruebas o indicios que las sustenten.

O tal vez el recuerdo del injusto crimen de las 13 Rosas hace 70 años, le haya hecho recordar los tiempos en los que sus predecesores de la derecha, podían acusar de lo que quisieran a sus enemigos políticos y sin un juicio con garantías democráticas, ejecutar la sentencia de muerte.

Imagino que al señor Montoro se le ha debido calentar la boca y ha dejado escapar lo que piensan algunos fascistas radicales de nuestro país. En la derecha quieren alcanzar el poder a cualquier precio y el precio que hoy tenemos que pagar los españoles es la baja calidad de la oposición política.

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Actualmente los principales asuntos de interés informativo deberían ser la evolución de la situación económica en nuestro país y todas las medidas que el Gobierno está realizando para minimizar el impacto en el empleo, así como la grave crisis interna que sacude y convulsiona al Partido Popular por la corrupción y el espionaje entre sus propios dirigentes.

Mientras que el señor Rajoy se marcha placidamente de vacaciones, intentando meter miedo a los españoles con sus declaraciones apocalípticas y al mismo tiempo se intenta postular como el centro moderado salvador de la patria, su equipo procura recordarnos que clase de gente dirige a la derecha española, gente perversa y sin escrúpulos, gente con una doble moral.

Considero que Cospedal y Montoro actúan de forma irresponsable difamando y atacando a las Instituciones de nuestro país, únicamente para desviar la atención sobre la corruppción que asola a la derecha y que los dirigentes que aún no están implicados por la justicia en ningún sumario, sean incapaces de exigir responsabilidad a quienes mienten para intentar ocultar las irregularidades o delitos por los que la Justicia los investiga. Si la derecha aspira a ser alternativa de gobierno, en algún momento deberá limpiar sus filas de toda esa gente siniestra sin valores democráticos.

Mientras en el PSOE se trabaja con ilusión para cumplir los compromisos electorales, para sacarnos de la crisis financiera ocasionada por la ambición capitalista, para mejorar los derechos de la ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de muchas personas, desde la derecha no hacen absolutamente nada de provecho y están más preocupados por saber si estarán implicados en algún sumario, si habrán sido espiados por sus compañeros o en inventar mentiras y difamar contra todo aquel que no se tape la nariz y mire hacia otro lado.

Son muchos los meses que en los medios de comunicación se observa la nula actividad política por parte de la derecha, siendo constantes las noticias que les relacionan con la corrupción, con la financiación ilegal, con el espionaje, con los regalos de la trama Gürtel y con las mentiras para tapar sus irregularidades.

Ánimo a todos y a todas. Frente a la derecha malévola e infame, mucho trabajo, diálogo y ejemplo de honestidad, para demostrar a la ciudadanía que la izquierda y la derecha no son iguales.

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Creo que no hay un solo día en que no recuerde a mi hermana Rocío. Hay muchas cosas que me traen su recuerdo.

Cuando la recuerdo, no puedo evitar pensar en las mujeres que como ella, perdieron la vida a manos de un mal llamado “hombre”, o de las mujeres que actualmente sufren el terrorismo machista cada día. Pero también empatizo y pienso en todas las personas que como yo, sufren diariamente el dolor por la pérdida de un ser querido a manos de un asesino.

Si aspiramos a mejorar nuestro mundo, a erradicar la violencia machista, a evitar que los niños de hoy se conviertan en asesinos de mujeres el día de mañana, no podemos olvidar a las otras víctimas, a las víctimas que han de vivir con el dolor por la pérdida del ser querido y que no reciben atención o apoyo para aprender soportar ese dolor permanente e imborrable.

A todos y a todas lo que sufren por el asesinato de un ser querido, les traslado todo mi afecto y mi solidaridad.

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Como ciudadano, no puedo entender como es posible que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de la Sala de lo Civil y Penal, a quien Camps llamó "más que amigo", sea quien le salve de ir a juicio, máxime cuando, según informa la prensa, el presidente no suele participar en los llamados trámites intermedios de las causas.

Yo me pregunto si dada la conocida relación de amistad entre ambos, no hubiese sido más apropiado que la decisión sobre el señor Camps la tomasen otros magistrados con menor vinculación personal.

De hecho, la prensa informa que hoy se ha presentado una denuncia contra el Magistrado de la Rúa al considerar que incurrió en una "falta disciplinaria muy grave" y que su amistad con Camps le obligaba a la abstención.

Personalmente considero que ante la duda de si los hechos recogidos en el auto son o no delito, lo mejor sería llegar hasta el final y que el valor de las pruebas decidiese. Sobre las mentiras de Camps ¿que podemos decir?.

Aunque a veces no compartamos algunas decisiones de un Tribunal -la Fiscalía General del Estado presentará un recurso de casación contra el archivo del caso Gürtel contra Camps por infracción de ley y por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva- o se comentan errores -el Supremo ha absuelto a un nigeriano por ser el único de raza negra en la rueda de reconocimiento al que la Audiencia Provincial de Madrid condenó injustamente a diez años por violación y robo-, considero que tenemos un sistema judicial justo y con garantías.

Por otra parte, me resulta triste que ante casos de terrorismo, de violencia contra las mujeres, contra la infancia o por parte de menores, casos que crean alarma social, se argumente que no es bueno legislar en caliente y sin embargo ahora se hable de modificar el Código Penal para definir la figura del cohecho impropio o pasivo. Si el Código Penal hay que adaptarlo a la nueva realidad de nuestra sociedad, pues que se aborde cuanto antes y con decisión y rigor, puesto que tengo la convicción que la sociedad lo agradecería.

Apoyo las propuestas para establecer códigos de obligado cumplimiento para los miembros del Poder Ejecutivo, tanto para el Gobierno central como para los autonómicos, pero también para las administraciones locales y para cualquier ente vinculado a una administración pública. No se debe permitir ningún resquicio a la corrupción y esperar a que salte el escándalo. Hay que anticiparse y la lucha contra la corrupción debería contar con un gran pacto de estado, aunque ahora no sea el momento más acertado para la derecha.

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Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) entienden que no se puede interpretar que los regalos recibidos por Camps (miles de euros en varios años) puedan ser constitutivos del cohecho tipificado en el artículo 426 del Código Penal y, por tanto, entiende que no se puede juzgar a Camps por ese delito. Si prospera el recurso anunciado por la Fiscalía Anticorrupción, será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra.

El auto emitido por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Valencia, reconoce que Camps y los distintos altos cargos del Gobierno valenciano “RECIBIERON REGALOS” de la trama corrupta que esta siendo investigada, pero su argumentación técnica archiva la investigación sobre el supuesto delito de cohecho.

Ha quedado demostrado que CAMPS HA MENTIDO y por ello se ha desestimado la parte del recurso de la defensa de Francisco Camps contra las pruebas presentadas para acreditar que el presidente valenciano recibió regalos de la trama corrupta vinculada al Partido Popular.

Según el auto "aunque existen indicios racionales y evidencias de que recibieron los regalos" no queda acreditado si Camps "LOS RECIBIÓ COMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT O COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR".

Rajoy, que no quiere que se conozca la verdad sobre los motivos de dichos regalos, se ha alegrado mucho por la decisión del Tribunal.

Es legítimo, pero en mi opinión lamentable y no hace ningún bien a las Instituciones, que el TSJ de Valencia no estime necesario llegar al fondo de un asunto relacionado con la red de empresas dirigidas por Francisco Correa, el hombre que organizó durante 10 años todos los actos del PP y trabó contactos con decenas de dirigentes de este partido en ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr cientos de contratos, que pagó varios millones de euros en comisiones ilegales a alcaldes, diputados y al menos un consejero autonómico e hizo regalos caros a otros dirigentes populares.

La verdadera victoria para Camps, para el Partido Popular y para nuestro sistema, hubiese sido una sentencia firme exculpatoria. Evitar ser juzgado, después de haber mentido, es sembrar la duda permanente sobre su honradez y honestidad.

La actitud y las formas de la vicesecretaria regional de Relaciones Institucionales del PP en Andalucía, Elena Patricia González González, ponen de manifiesto que la vieja escuela de la derecha está a pleno rendimiento y que sus nuevos dirigentes tienen la intención de continuar contaminando a la opinión publica.

El motivo son los dos problemas técnicos registrados al realizar la maniobra habitual en el cambiador de Alcolea (Córdoba), que provoca una falta de fiabilidad en la maniobra del cambio de ancho de vía y también una falta de regularidad en la prestación del servicio y que han llevado a RENFE a tomar una decisión “transitoria” sobre el precio, el horario y el tiempo de duración del servicio AVE Lanzadera entre JAÉN-CORDOBA-SEVILLA-CADIZ.

Yo como usuario asiduo de este medio de transporte público, comprendo las circunstancias y únicamente supone tardar 30 minutos más en el trayecto hasta Sevilla o Cádiz, puesto que hasta Córdoba se sigue tardando lo mismo.

La señora González se ha atrevido, aprovechado un problema técnico en una instalación nueva, a acusar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Fomento de “tratar a los jiennenses como ciudadanos de segunda”, olvidando que ha sido la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento con gobiernos socialistas, quienes han traído la mejora del transporte ferroviario a nuestra ciudad y ocultando la dejación durante los años del PP en el gobierno de España hacia el ferrocarril en Jaén.

Por sus palabras, tengo la impresión que la señora González no es usuaria del transporte público y que no ha tenido la oportunidad de utilizar el nuevo servicio de AVE Lanzadera, ni de disfrutar de la mejora en las prestaciones de calidad en el interior del tren.

¿Por qué miente a la ciudadanía diciendo que para viajar a Sevilla se requiere hacer transbordo en Córdoba? ¿Por qué confunde a la ciudadanía diciendo que el AVE Lanzadera “no puede prestar su servicio”?