Francisco Estepa

La corrupción en política tiene dos enfoques muy diferentes. Por una parte estaría la corrupción de quienes se aprovechan de su paso por la política para hacer negocios y buscan el beneficio personal. Estos serían principalmente los casos de corrupción que salpican la geografía española y que están relacionados con la especulación urbanística en algunas corporaciones locales.

Por otra parte, está la corrupción organizada, que además de buscar el enriquecimiento personal de unos pocos, es utilizada para aportar financiación a la formación política con el objetivo de sacar ventaja frente al resto de formaciones y llegar al poder a cualquier precio. El caso Gürtel que investiga la Justicia y que afecta a varias comunidades autónomas, podría ser un grave ejemplo de este tipo de prácticas de financiación, que ha forzado este año a dimitir temporalmente al tesorero nacional del Partido Popular tras ser imputado por el Tribunal Supremo, o a la destitución del Secretario General de los populares en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, pese a que reconoció que siempre había “seguido las directrices del PP” y al que según el sumario, Francisco Correa llegó a decirle "tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país".

En cualquiera de los supuestos, la tolerancia ha de ser cero y los mecanismos para su detección y erradicación han de ser extremadamente eficaces y tajantes. La corrupción y el crimen organizado son las principales amenazas que acechan al estado de derecho y a la democracia, por lo que políticamente hacen falta personas valientes y con decisión que sepan atajar y depurar cualquier responsabilidad, caiga quien caiga, en lugar de dubitativos y temerosos pseudo-líderes que demoren en el tiempo las acciones necesarias por temor a perder el respaldo de los afectados.

Ahora se están estudiando, por parte del PSOE y del PP, cambios legislativos para dificultar la acción de los corruptos. Cambios que afectan a ambos enfoques de corrupción, la personal y la institucional, como la norma anunciada por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrias, que el próximo año el Gobierno impulsará para regular los derechos y obligaciones de los concejales.

Diario El País -PSOE y PP preparan una contraofensiva legislativa ante la oleada de escándalos -

Aunque pedir –como hace el PP- que se reforme de la ley electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, es imponer el bipartidismo, limitar la pluralidad política y poco efecto puede tener en la lucha contra la corrupción –tal vez todo lo contrario-.

En España hay 8.111 ayuntamientos y unos 65.000 concejales, de los cuales la inmensa mayoría son personas honradas que trabajan para sus municipios y que han de soportar la imagen negativa que unos cuantos chorizos proyectan sobre este colectivo

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¿Qué incita a algunos políticos a hacer cosas contrarias a la naturaleza del mandato y responsabilidad para las que son elegidos por la ciudadanía?. La escalada de despropósitos del PP andaluz en el seno de las instituciones está subiendo de intensidad y eso tiene un claro objetivo y un inductor. Al PP ni le importan ni le interesan los ciudadanos de Jaén y sólo busca rentabilidad electoral.

Tras el inaudito plante en el Parlamento de Andalucía de los representantes del PP, se puede observar que lo que hace Fernández de Moya (PP) en Jaén, forma parte de una estrategia más amplia y que viene marcada por alguien que está por encima, con el objetivo de perturbar el normal desarrollo de la vida política y causar el hastío y rechazo social hacia quienes con responsabilidad, trabajan y aportan soluciones a los problemas desde las instituciones democráticas. Tal vez piensa que peor no le podrá ir.

Cuando la credibilidad del PP y sus dirigentes está seriamente dañada tras los datos publicados del sumario del caso Gürtel y muchos serán juzgados por graves delitos que erosionan y dañan a la democracia, así como la confianza de la ciudadanía en sus representantes, a los dirigentes del PP que no actúan y no dan explicaciones, se les acaba el tiempo.

No hay que olvidar que el caso Gürtel fue destapado por miembros del Partido Popular, en Madrid se espiaban unos a otros y en Valencia los zaplanistas se frotan las manos esperando el momento de la revancha. ¿a quién le interesan más la filtraciones del caso Gürtel?

Ahora que la sospecha se consolida con fuerza sobre el Partido Popular y la ciudadanía ya no se cree que 17.000 folios de sumario y millones de euros en comisiones ilegales, puedan ser una conspiración contra nadie, a la derecha le conviene ganar tiempo y desprestigiar a toda la clase política para incitar al rechazo de la ciudadanía, también hacia sus oponentes.

Una vez que la derecha ha aceptado que el desprestigio se cierne amplia y profundamente sobre ellos, que la ciudadanía ya no cree las excusas y mentiras de sus dirigentes y que la justicia, aunque lenta, no se para, parece que su estrategia consiste en desprestigiar, ya no sólo a las instituciones que persiguen a los delincuentes, sino también a los representantes electos para que la ciudadanía se distancie de la política, sabiendo que esa estrategia siempre beneficia a la derecha, puesto los votantes de la derecha nunca han castigado a sus políticos en las urnas y eso es estímulo para la corrupción.

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Mientras el PSOE dedica su esfuerzo a mejorar la situación de nuestro país, a proteger a los más débiles y a defender el progreso y a las instituciones democráticas, la derecha sigue el camino de la manipulación y la mentira para tapar sus escándalos.

El Partido Popular, ante la falta de valentía para hacer públicas sus alternativas conservadoras para enfrentarse a la crisis financiera mundial y desbordado por los casos de espionaje interno y corrupción entre sus dirigentes, se defiende con argumentos que no se corresponden con la realidad.

Según Rajoy "Todos hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas luego han sido absueltas, sin ni siquiera ser juzgadas por los tribunales" o "Desde el 2004, no hay ningún militante del PP que haya sido condenado”. Sobre la situación procesal de los 51 cargos del PP detenidos desde septiembre de 2005 hasta la actualidad, 44 están imputados por delitos como cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, cuatro ya han sido condenados y sólo tres han visto cómo se archivaba su causa.

Según Soraya Sáenz de Santamaría "las 53 actuaciones abiertas en los últimos tiempos contra miembros del PP, 49 han sido archivadas". Las cifras verdaderas son exactamente las contrarias, ya que el 94% de los detenidos del PP en los últimos cuatro años están imputados o han sido ya condenados como delincuentes.

Esteban González Pons afirmó que “el 80% de los imputados de los últimos años del Partido Popular han visto sus casos archivados (...). No han llegado a ser condenados". Salvo excepciones, como los casos de Francisco Camps o José Manuel Soria, la mayoría no se han archivado.

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Pese a la connivencia de Rajoy con sus compañeros, parece que no se quema, pero al final la verdad se conocerá y todos los chorizos y sus encubridores pagarán las consecuencias de sus actos.

Rajoy, que ya tiene experiencia a mentir a la ciudadanía, ahora muestra una falta se respeto hacia los españoles al decir que “Camps no mintió”. ¡¡Pero este señor no se ha enterado que el TSJCV reconoció que Camps había recibido de la trama corrupta de Correa los trajes que ante el Parlamento Valenciano había negado haber recibido!!

Camps ya ha pasado a la historia de nuestro país como el Presidente de una Comunidad Autónoma que mintió a la ciudadanía sobre su relación con una trama de corruptos que están en la cárcel.

Ahora Rajoy continúa escribiendo su propia biografía histórica con más mentiras, demostrando que de tanto mentir, confunde la realidad con sus deseos.
Mientras Soraya Sáez de Santamaría dice que no le constaba una amistad entre Camps y el juez del TSJ de Valencia que archivó su causa, cuando todos sabemos que Camps dijo que la palabra "amistad" no era suficiente para definir su relación, Rajoy afirma desconocer que Camps mintió y que ignora que Camps había negado en sede parlamentaria conocer al Bigotes, el mismo señor con el que le pillaron hablando y al que le dijo: "tenemos que quedar para hablar de lo nuestro, que es tan bonito".

Un señor que no se entera de las irregularidades que comenten sus colaboradores, cuando es el líder de la oposición, sería un gran peligro si estuviese al frente de nuestro país.

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María Dolores de Cospedal, que fue consejera de Transportes e Infraestructura del Gobierno Aguirre, que fue subsecretaria del Ministerio del Interior con Ángel Acebes y que ahora es secretaria general del PP, sostiene que José Luís Rodríguez Zapatero ha ordenado “espiar a miembros del PP”. ¿Dónde está la menor prueba de semejante calumnia? ¿Qué es lo espera conseguir con esta nueva mentira?

El único espionaje ilegal, conocido y judicializado hasta el momento, es el que implica al Gobierno de Madrid, que preside Esperanza Aguirre.

Los actuales dirigentes del PP, son quienes mintieron sobre la existencia de armas de destrucción masiva para justificar que España participase en una guerra ilegal, son los mismos que mintieron a los españolas tras los atentados de Madrid el 11 de marzo, los mismos que sostuvieron la teoría de la conspiración y que la Justicia demostró falsa. Ahora, que piensan que dentro de unos meses, los Tribunales van a demostrar muchas ilegalidades cometidas por algunos miembros de la cúpula del PP, parece que se esfuerzan por conseguir que todas las instituciones del Estado estén en cuestión.

La connivencia -tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven- de Rajoy con los dirigentes de su partido por los delitos que la justicia esta investigando, le convierten en un indigno candidato para dirigir el destino de España y en un lastre para la regeneración política de la derecha española.

El avance democrático en nuestro país necesita que quienes representen a una importante parte de la población, que legítimamente son de derechas, respeten las leyes y trabajen por el bien común y el progreso, en lugar de dedicarse a difamar a quienes cumplen con su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes.

¿Por qué se empeñan los dirigentes del PP en perturbar la paz social y no siguen el sendero de la verdad?

Mientras los socialistas nos esforzamos para salir de la crisis financiera internacional, trabajamos para que el desempleo tenga el menor impacto posible en la sociedad, para que España alcance nuevamente una posición relevante en el escenario internacional y continuamos luchando contra ETA, los dirigentes de la derecha espían, mienten y difaman para que las corruptelas que salpican su columna vertebral no les resten poder.

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